La
instalación en Chile de una base de entrenamiento militar financiada por el
Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE. UU., generó una gran preocupación en
varias organizaciones defensoras de los derechos humanos del país
latinoamericano.
Estos
grupos consideran la puesta en marcha de la base, inaugurada el pasado mes de
abril en la región de Valparaíso, como una nueva expresión del intervencionismo
de Washington en la región, informa Prensa Latina.
“Esta
es la política intervencionista del Gobierno estadounidense, que viene a hacer
la política de la Escuela de Las Américas”, denuncia Alicia Lira, presidenta de
la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
"Sabemos
que donde EE. UU. interviene con esta práctica militarista, invasora, hay que
preocuparse", recalcó Lira, quien recordó el golpe militar en Chile en
1973, que, según apuntó, fue gestado y financiado por estadounidenses.
El
movimiento social Comisión Ética contra la Tortura (CECT) destacó que la
construcción, valorada en más de 500 millones de dólares, está destinada al
entrenamiento de la Policía militarizada y cuerpos especiales de investigación.
La ocupación de los carabineros, indica la CECT, es la prevención del delito,
por lo que es “improcedente e ilegal que sus funciones reciban entrenamiento
militar destinado a atacar a la población civil”.
En
un comunicado, el movimiento social tacha de “traición a la patria” la
subordinación a los dictámenes del Ejército norteamericano y agrega que la
humanidad ha padecido sus acciones devastadoras las a lo largo de la historia.
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